Días 105 y 106 Diario del juicio de la Tragedia de Once

Tomado de Diario Latitud

El Grupo Cirigliano más comprometido.

El contador público Eduardo Carbone es subdirector Técnico Legal Impositiva de AFIP, fue el único testigo que declaró en la jornada N° 105 del lunes pasado cuando se reanudó el Juicio, luego de la feria judicial. Estaban citados Marcela Conti, Fernando Márquez y Graciela Roa. Dos de estos fueron reprogramados y uno desistido.

El funcionario de la AFIP dijo que el organismo recaudador efectuó recibió una consulta previo al siniestro por parte del Grupo Plaza, explicó que la consulta era de las habituales que formulan las grandes empresas cuando proyectan separarse o fusionarse, y evalúan el impacto de esa decisión en la tributación del Impuesto a las Ganancias. Carbone, se refirió así al GPI (Grupo Plaza Inversiones), pero aclaró que el grupo empresarial no terminó el tramite fiscal para dividirse. Diez minutos fue lo que duro su testimonio y se cerró la jornada.

Al día siguiente, en la jornada 106, la declaratoria de testigos fue con asistencia perfecta. Abrió la audiencia Isabel Liliana Popolizio, perito contable de parte de los Cirigliano. La contadora estuvo 15 minutos en la sala y no aporto mucho en la causa. Ante una pregunta del Dr. Leonardo Menghini, de la querella de familiares, luego de no recordar algunas cosas se retiró.
-¿Ud. vio los balances y el libro mayor de la empresa?
-No solo el libro diario.

Otro que estaba falto de memoria fue el segundo testigo. Claudio Aldo Forti, socio auditor de la consultora Deloitte desde el 2005. El contador dijo que auditó al grupo Plaza entre los años 2009 y 2012. Se refirió a la re organización societaria del grupo y hablo sobre los balances consolidados.
La querella 3 lo interrogó.
-¿Que son los balances consolidados?
-Son la sumatoria de las empresas, el patrimonio de cada empresa del grupo.
-¿Cuántas empresas tenía el grupo Plaza?
-No recuerdo.
-¿Tenia cuentas en el exterior?
-No recuerdo.
-¿Había transferencias al exterior?
-No lo recuerdo.
Otros diez minutos fueron suficientes para Forti.

El tercer testigo, Alberto Corcuera Ibáñez es abogado y asesoró a TBA en las contrataciones públicas, dijo conocer a los imputados que estaban en la sala y los empezó a nombrar. Schiavi, Sícaro, Cirigliano, Álvarez etc. Suficiente lo interrumpió el juez Giménez Uriburu. El testigo desligó a TBA del mal servicio y apuntó al gobierno.

La Dra. Lelia Leiva de la querella N° 3 le preguntó:

-¿Durante su asesoramiento se planteó el problema de las multas y del deterioro de las formaciones?
-No, sólo se hablaba del cambio del material rodante, nunca participé en las contestaciones escritas sobre las multas.
-¿Y por qué eran esas multas?
-No lo recuerdo. Pero TBA cumplía con todo.
-¿Cuál eran los ingresos de TBA?
-Los ingresos con los que contaba la empresa eran las tarifas, que estaban congeladas con la emergencia ferroviaria, y con los subsidios del Estado. Y agregó: “El subsidio que recibía la empresa no era un subsidio entendido como una ayuda pública del Estado, sino que estaban incorporados como ingresos propios del concesionario, y estaban agravados por el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, los subsidios eran parte de los ingresos de la empresa pero por la emergencia imposibilitaban a la empresa de cumplir con las demandas de servicio”. Subrayó.

El fiscal Fernando Arrigo, ante esta respuesta pidió la palabra y preguntó:
-¿Y por tratarse de un contrato entre partes, cual fue la respuesta del Estado?
-Y si una parte incumple, la otra puede pedir la nulidad.
-¿Y por qué no lo hizo TBA?
-Bueno, las propuestas que hizo TBA, no tuvieron los resultados en la UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos) y no cumplieron con su objetivo.

Quizás, sin darse cuenta, Corcuera Ibañez daba a entender que el comportamiento empresarial y distintas acciones llevadas por la concesionaria estaban manifestando incumplimientos en las tareas de inversión mínima o presentaban deficiencias en la prestación del servicio. El cuarto y último testigo fue Cristian Daniel López, Director de Ticketrans, impulsor de la tarjeta “Única”, una tarjeta prepaga que intentó imponer el grupo de los Cirigliano, pero fracasó. 

Según López, tuvo 80 mil usuarios en Buenos Aires y 12 mil en La pampa Y acusó a la Secretaría de Transporte de Juan Pablo Schiavi de boicotearla.
-“La secretaria de Transporte empezó a presionar para imponer la SUBE”. Sentenció el gerente. Mario Laporta defensor de Mario Cirigliano, intentó despegar a su defendido diciendo que no estaba relacionado con la empresa Transdata, proveedora del hardware y del plástico. De esto surge que: 

Cristian López director de Ticketrans le escribe un mail al presidente de TBA, diciéndole que:- “tenemos que llevar adelante una salida ordenada por la deuda con los brasileños.

-¿Y Ud. como sabe que Mario Cirigliano, tuvo participación?
-Cómo no lo voy a saber, si él, era el vínculo en Brasil y nos trajo el negocio. Le replicó.

A esa altura el enfrentamiento y el conflicto entre las mismas partes, ya no se disimulaba. Y se estaba dejando en claro en estas dos audiencias que los defensores de los imputados quieren separar los negocios del ferrocarril con el de los colectivos y evitar responsabilidades en la Tragedia de Once.

Según Leonardo Menghini, abogado de familiares, comentó a Latitud 35 que quedan aproximadamente ,20 testigos por declarar, pero supone que algunos serán desistidos y posiblemente los alegatos comenzarían en el mes Octubre.