Mientras sumidos en la pasión que genera el futbol, tratamos de encontrar algo que nos una y nos haga felices por un rato, los representantes del Frente para laVictoria, y sus fuerzas aliadas, sancionaron una ley que deja al ciudadano de a pie indefenso para reclamar en un futuro al Estado civilmente por daños que resulten de la mala gestión, la impericia y la falta de control de sus funcionarios.
Con la excusa de intentar frenar supuestas embestidas de bufetes de abogados inescrupulosos contra los intereses de la Nación, han dejado a los futuros damnificados por la ineficiencia y corrupción de los funcionarios de turno, sin aval jurídico para reclamar lo que les corresponde por derecho propio contra el Estado. Se han tomado el trabajo cuidar a la corporación política-contratista, dejando al ciudadano común en una clara desigualdad ante la ley.
Los causantes de los desastres son amparados mientras las víctimas quedan sin resguardo legal de ninguna clase.
Todo, con el estruendo de gritos de gol como música de fondo.
Si bien este atropello sobre los derechos de todos se refieren a acciones de orden civil dejando a las penales de lado, tenemos el legítimo derecho de dudar si no van a intentar avanzar también sobre estas últimas.
La corrupción crece si no se la ataca, no se detiene ante nada, y en lugar de crear nuevos instrumentos jurídicos que la combatan, nos encontramos con una votación que genera un marco de inseguridad para futuras víctimas de la ineficiencia estatal. En su artículo 6 la ley señala que “el Estado no debe ser responsable, ni aún de manera subsidiaria por los perjuicios causados por los concesionarios a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”“
Al leer este artículo nos queda muy claro que la tragedia del 22 de febrero de 2012 es una de las razones fundamentales que justifican este avance.
Audiencia tras audiencia, a pesar de que los medios más importantes prácticamente no le dediquen espacio alguno, en los Tribunales de Comodoro Py van quedando claras las responsabilidades de los ex funcionarios en la Tragedia de Once, el abandono al usuario, y como decidieron siempre a favor de los empresarios. Cajonearon las multas, les giraron miles de millones en subsidios sin ningún control, los dejaron hacer lo que quisieran, y a cambio recibieron todo tipo de favores. Con este marco legal, el Estado corresponsable de una masacre similar, quedaría exento de responsabilidad civil, dejando a los querellantes la única posibilidad de accionar civilmente contra los concesionarios del servicio viéndose limitado el ejercicio de defensa de sus derechos patrimoniales.
Inentendible, inexcusable, inexplicable.
Sabemos que la posibilidad de que esta ley sea vetada por el Poder Ejecutivo es prácticamente nula ya que es el mismo gobierno, que de la mano del autoproclamado candidato presidencial Florencio Randazzo, presenta la compra de vagones para el Sarmiento como política de Estado y no como la resultante de la muerte de 52 inocentes sobre las vías, víctimas de 10 años de abandono.
Y, como si con esto no alcanzara, en un spot institucional lo presenta como uno de los “goles” de este Gobierno, que deberíamos celebrar todos.
Solo quienes hemos perdido a un ser querido esa mañana de febrero, o quienes resultaron heridos, sabemos cómo se nos estruja el corazón cuando vemos en la pantalla semejante cosa.
La sanción de esta ley no es sino un retroceso claro en los derechos de las futuras víctimas.
Esto ya pasó: hoy la selección argentina avanza en Brasil y, otra vez, bajo la distracción de un mundial de fútbol, y con la mirada de los medios puesta en solo unos pocos temas, los ciudadanos quedamos abandonados a nuestra suerte.
FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS VICTIMAS DE LA TRAGEDIA DE ONCE
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